La COP30, que se celebra en Belém, Brasil, enfrenta tensiones significativas entre países ricos y en desarrollo.
El eje del conflicto gira en torno a dos temas decisivos: cómo definir criterios globales de adaptación al cambio climático y quién debe financiar las medidas necesarias para enfrentar los impactos que ya sufren las naciones más vulnerables.
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Conflictos durante la COP30.
Mientras los países en desarrollo insisten en que la adaptación es una urgencia —ante sequías, tormentas y el aumento del nivel del mar que ya afectan a millones—, las naciones ricas reconocen la necesidad de apoyo, pero reclaman que parte del financiamiento provenga de fuentes privadas o mecanismos mixtos.
Esta posición ha generado recelo entre los países más afectados, que temen una nueva carga financiera.
Uno de los principales escollos se centra en la elaboración de una lista unificada de criterios para monitorear el avance en adaptación, que actualmente incluye cerca de un centenar de indicadores.
Delegaciones africanas proponen extender el trabajo técnico hasta 2027, una idea que otras naciones ven como un intento de postergar acuerdos concretos.
La Presidencia de la COP30 confirmó la recepción de un nuevo texto que será analizado en los próximos días.
Las organizaciones ecologistas insisten en que alcanzar una Meta Global de Adaptación clara y medible es crucial para salvar vidas y orientar inversiones.
Pero las negociaciones avanzan lentamente: cuatro nuevos temas propuestos para la agenda —nuevas metas climáticas, transparencia, medidas comerciales unilaterales y financiación pública— permanecen bloqueados sin acuerdo, pese a los esfuerzos de países como India por incorporarlos.
Mientras tanto, avanza el “Baku-a-Belém Roadmap”, que busca movilizar hasta 1,3 billones de dólares anuales para mitigación y adaptación.
El reto político es claro: en la Amazonía, la COP30 intenta responder no solo cómo adaptarse, sino quién pagará la factura climática del futuro inmediato.
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